Dom,11 de Junio
(1) Hay un escandaloso favorecimiento a los negocios de la empresa petrolera Maple Energy. (2) Vegas Llona y ex ministro Ismael Benavides implicados en “obsequio”.
El extraordinario milagro de Maple es que se asegura agua (186 millones de metros cúbicos) sin poseer tierras.
ALGUNOS ACTORES DEL FRAUDE
* César Trelles, presidente de la región Piura por dos períodos, que dictó la ordenanza para asignar la reserva de agua para Maple.
* Martín León Trelles, asesor de César Trelles, hizo de vínculo entre el gobierno regional y nacional.
* Adolfo León, gerente de Maple, tío de Martín León Trelles.
* Enrique Salazar, intendente de recursos hídricos de Inrena, que aprueba solicitud de reserva de agua, y de ahí pasa a gerente general del proyecto Alto Piura.
* Jorge Montenegro, era ATDR (administración técnica del distrito de riego) en el Chira y actualmente hace lo mismo en Olmos. Favoreció a Maple.
* Juan José Salazar, ministro de Agricultura, sacó resolución declarando agotada el agua del Chira, dejándola en uso exclusivo de Maple.
* Ismael Benavides, ex ministro de Agricultura, prorrogó la reserva de agua y las tierras asignadas a Maple a pesar de haberse vencido los plazos sin inversión.
Complot de gobierno nacional y regional para que empresa de Estados Unidos monopolice el uso del agua de proyecto especial Chira-Piura, para la producción de etanol.
Una siniestra danza de más de 50 millones de dólares, un despojo en masa del acceso al agua para los productores de alimentos y otros productos del inmenso valle del Chira, en Piura, y un escandaloso favorecimiento a los negocios de la empresa petrolera Maple Energy de Estados Unidos, ahora metida en el negocio del etanol de caña de azúcar y con muy buenos amigos en el poder político, es más o menos el resumen de otra operación de corrupción en gran escala en la que intervienen asociadamente el gobierno nacional y el gobierno regional de Piura, dirigido por el aprista César Trelles.
Maple Energy de Estados Unidos inició operaciones en el Perú en el año 2001, a través de inversiones para la extracción de petróleo y Gas Natural en la selva central, constituyendo para ese efecto una filial peruana denominada Gas Corporation. En el año 2005 se constituye Maple Etanol, con la misma composición de inversores y un capital social de apenas 52 mil soles. En agosto del 2005, Maple Etanol comunica al gobierno regional de Piura, encabezado por el aprista Trelles, su interés en desarrollar un proyecto de sembrío de caña de azúcar en terrenos de propiedad del Proyecto Chira-Piura (Pechp), al amparo de la ley de promoción de inversión descentralizada (ley 28059).
En setiembre de 2005, Maple solicita a la Administración Técnica del Distrito de Riego ATDR Chira, la reserva de 186 millones de metros cúbicos de agua para 11,447 hectáreas, aunque a esa fecha la empresa no contaba con tierras sobre las márgenes del río Chira. En respuesta a esta solicitud, el 21 de febrero de 2006, el jefe de la ATDRCH, hace la insólita reserva de una enorme fuente de agua para un proyecto que aún no tenía tierras. En el documento del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) que sustenta la aprobación, se expresa que “procede la reserva de agua superficial solicitada…” y se otorga de oficio (sin haber sido pedidas), las aguas subterráneas.
El 27 de marzo, Maple Etanol hace entrega de una “iniciativa privada de inversión” para que se le adjudiquen 10,674 hectáreas en la margen izquierda del río Chira, y a pesar de que el área es más pequeña que la originalmente prevista, se mantiene la misma reserva de agua. El 5 de agosto de 2006 el presidente regional, César Trelles, emite la ordenanza regional 110-2006 que declara de interés público el desarrollo agrícola y agroindustrial de las tierras eriazas de la margen izquierda del río Chira de propiedad del Pechp, lo que se refiere exclusivamente a la solicitud planteada por Maple y a la reserva de agua ya aprobada. Para cualquiera era evidente que no se trataba de “tierras eriazas”, pues disponían de agua segura.
El 1 de setiembre de 2006 el caso sube al plano nacional e interviene el entonces ministro de Agricultura, Juan José Salazar, que logra sacar el DS 056-200-AG, otra norma con “nombre propio”, que reserva al más alto nivel las aguas superficiales y subterráneas desde la presa Sullana hasta la desembocadura del río Chira, por un plazo de dos años, hasta un volumen de 186 millones de metros cúbicos, refiriéndose exclusivamente a las tierras y a los volúmenes de agua negociados por Maple. El decreto supremo pro Maple no sólo reserva aguas superficiales (río), sino también las subterráneas a lo largo de todo el río.
El 5 de enero del 2007, Maple, con todo el negocio asegurado, suscribe una minuta de compra y venta de tierras del Pechp, en una extensión de 10,674 hectáreas, con un valor unitario por hectárea de 60 dólares. El 18 de mayo del mismo año, el ministro del Interior, Octavio Salazar, emite una resolución RM 380-2007-AG, por la cual se declaran agotados los recursos hídricos del río Chira, para el otorgamiento de nuevas licencias de uso de agua a terceros. Con esto se cerraba el círculo. Nadie, aparte de Maple, recibiría una gota de agua del río Chira, ni de las aguas subterráneas. El impacto sobre otras plantaciones del valle: uvas, papikra, mango, pimiento y otros proyectos de etanol es devastador por falta de agua.
El 23 de agosto de 2008, el ingeniero Ismael Benavides, entonces ministro de Agricultura, dicta una prórroga por su propia iniciativa de la reserva de agua a favor de Maple, luego de vencido el plazo de dos años y sin que hayan comenzado las inversiones.
Renta inmediata
Como queda claro, el extraordinario milagro de Maple es que se asegura agua (186 millones de metros cúbicos) sin poseer tierras. Pero no es el único hecho sobrenatural. Meses después, la empresa logra que le entreguen las tierras de la margen izquierda y que se declare, a nivel ministerial, que no habrá agua para los demás. Finalmente, Maple también consigue que otro ministro le prorrogue sus “derechos”, después de vencidos todos los plazos de la inversión.
Así, gracias a sus buenos amigos del gobierno regional aprista y del gobierno nacional aprista, Maple se hizo de 10,674 hectáreas con agua, a un costo total de 640 mil 440 dólares (a 60 dólares por hecárea), cuando el valor de la hectárea piurana con agua llega a los 5 mil dólares, lo que significa un valor de 53 millones 200 mil dólares por todo el área, y una ganancia inmediata de 46 millones 800 mil dólares para la empresa norteamericana.
¿Por qué tantas increíbles y más que sospechosas ventajas para una empresa petrolera que ha incursionado con poco éxito en actividades de exploración y explotación en la selva central? ¿De dónde tantas atenciones del poder a una empresa específica? La pregunta puede empezar a responderse identificando a algunos miembros del directorio peruano de la empresa yanqui.
Veamos: Rex W. Canon, presidente ejecutivo y también presidente de la matriz en Estados Unidos; Rafael Ferreyros Cannock, vicepresidente y gerente general; Tony Hines, funcionario estadounidense encargado de la planta de Aguaytía; Carlos Enrique Palacios, ex alto funcionario del Banco Wiese; Gianfranco Castagnola, gerente del Grupo Apoyo e integrante de numerosos directorios de empresas de los más variados rubros; Ricardo Vega Llona, ex jefe de Proinversión, Promex y otro organismos del Estado, ex presidente de la Confiep, amigo cercano del presidente García.
La información que dispone LA PRIMERA indica que Vega Llona ha sido fundamental para lograr articular contactos con miembros del gobierno y conseguir el trato privilegiado que ha sido detallado en esta nota. Todos los lunes, según esta versión, el empresario almuerza con el presidente Alan García y cada cierto tiempo sobrevuelan juntos las tierras piuranas donde crecerán los cultivos de caña para el gran negocio del etanol. En este caso, como en otros, se cumple el principio de que el gobierno crea las condiciones para beneficiar a sus amigos, con el mascarón de alguna empresa extranjera de medio pelo, para dar en concesión, por iniciativa privada o cualquier otra modalidad de traspaso, tierras, agua, recursos, derechos, para que se armen buenos negocios a costa del Estado.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
Pasión al desnudo
En su tratado sobre el alma, afirma Aristóteles que el hombre es el único ser viviente que ríe. Debió añadir que el hombre es el único animal que roba.
Puede que el zorro, el jabalí o el búfalo se coman lo que no es de su propiedad, pero lo hacen por estricta necesidad alimentaria y, además, no saben lo que es propiedad, ni han leído en Proudhon aquello de que la propiedad es un robo. En cambio, nuestros gobernantes y algunos de nuestros empresarios viven para llevarse lo que no es suyo, lo que es del país. Y lo hacen por codicia insaciable.
Alan García es el caso más notorio de enriquecimiento gracias al poder, con ayuda de testaferros. Nuestro diario denunció ayer el caso de una empresa, Maple Etanol, que obtuvo la reserva de 186 millones de metros cúbicos de agua para irrigar márgenes del río Chira en tierras que no poseía.
Algo más, en el momento de ese obsequio, la compañía Maple no existía aún.
¿Es una desgracia tener agua y no tener tierra? ¡Qué va! Todo tiene remedio, cuando hay padrinos, sobre todo apristas. Por algo el presidente del gobierno regional de Piura es el aprista César Trelles, quien, mediante ordenanza regional, declaró de interés público el desarrollo de las tierras eriazas de la margen izquierda del río Piura. Esto favorecía únicamente a Maple.
Como lo ha precisado Raúl Wiener, con un capital de 52 mil soles, los “empresarios” de Maple se hicieron de tierras que, contando con agua, ya no son eriazas y tienen ahora un valor superior a las 50 millones de dólares.
En el faenón están incursos Ricardo Vega Llona, ex presidente de Pro inversión y de Confiep, e Ismael Benavides, ex ministro de Agricultura. Ambos son modelo de personas que fungen de empresarios, y que saben cómo enriquecerse sin invertir dinero de sus bolsillos. Son hombres muy familiarizados con préstamos y créditos.
El presidente Alan García no es ajeno al interés de Maple. Se sabe que suele ir en helicóptero a contemplar esas tierras que pronto darán fruto. Sobre todo si para ello se obtiene, con aval del Estado, un préstamo de 120 millones de dólares que se gestionan ante entidades financieras como el Banco Interamericano de Desarrollo.
Sería un crimen que se les concediera esa suma, y crimen mayor sería que el Estado, es decir, los ciudadanos de a pie, pagara por ese asalto. Para evitarlo se requiere una investigación a fondo del Congreso.
No debe repetirse la hazaña de Fabiola Morales, congresista de Solidaridad Nacional y ex presidenta de la Comisión de Agricultura, que le echó tierra (y agua) a la denuncia.
Por: César Lévano
